EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES
El Estado ahoga a los contribuyentes imponiendo cargas fiscales que en ocasiones son difíciles de entender. El impuesto de sucesiones y donaciones debería contribuir a la redistribución de la riqueza, y ser igual en todo el territorio nacional. Todo aquel que se ve favorecido por una adquisición gratuita debe regalarle (pagar) un porcentaje de la misma al Tesoro Público, que varía en función del lugar de residencia del beneficiario y de otras circunstancias.
En España tenemos un caos legislativo asombroso en materia de impuestos, y particularmente en lo que afecta al impuesto de sucesiones y donaciones. No da lo mismo morirse ni heredar en Andalucía que en Madrid, Extremadura, Navarra o Catalunya. Los herederos, en el caso de las adquisiciones "mortis causa", es decir por el fallecimiento de una persona, los donatarios o beneficiarios en las donaciones y demás transmisiones lucrativas "inter vivos", o entre personas que no han fallecido, y los beneficiarios de los seguros de vida, deben pagar a Hacienda el porcentaje que haya establecido la correspondiente Comunidad Autónoma o, en su defecto, el que figura en la escala que fija la ley nacional, que oscila entre el 7,65% y el 34%.
El impuesto de sucesiones y donaciones es uno de los cedidos a las comunidades autónomas y, en el caso de Andalucía, de los que más penalizan a los ciudadanos. Andalucía es la comunidad autónoma que mantiene el tipo impositivo en sucesiones y donaciones más alto de España. En los tiempos que corren, no es justo y es confiscatorio. Rompe el equilibrio entre los ciudadanos españoles. Es un atentado al principio de igualdad.
En España se han triplicado las renuncias a las herencias desde 2007 por la alta fiscalidad. Andalucía es el territorio donde más renuncias a las herencias se producen, porque los beneficiarios no pueden pagar los impuestos. Esto es una auténtica vergüenza. Sin embargo, los que sí pueden contribuir, tratan de huir de Andalucía para no pagar esos impuestos. Un caso reciente y famoso es el de la herencia de la Duquesa de Alba. Andalucía y Madrid se disputaron la liquidación del impuesto. Es lógico que los herederos discutieran con el Estado español si pagar por la herencia conforme a la legislación autonómica andaluza, por tener la difunta su residencia en Sevilla, o si hacerlo según las leyes de Madrid, lugar donde estaba fijado el domicilio fiscal de la mujer más noble de España. La cuestión no es baladí, porque según estimaciones de la prensa, la fortuna de la Duquesa puede estar valorada en 3.000 millones de euros. Si la administración entiende que los herederos deben tributar conforme a la legislación andaluza, les correspondería pagar alrededor de 1000 millones de euros en impuestos, es decir, una auténtica barbaridad; pero si es la comunidad de Madrid la beneficiaria del impuesto, sólo tendrán que pagar unos 10 millones de euros, porque en la capital de España el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado en un 99%.
Desde hace muchos años existe un clamor popular por la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía o, al menos, para que no tengamos un régimen tan confiscatorio como el actual. El impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía es abusivo, desequilibrado e injusto. Un andaluz paga cien veces más por este impuesto que un madrileño, y esto no puede ser. Es lamentable que en Andalucía haya personas que no pueden heredar por la carga fiscal que supone.
Ahora, en plena campaña electoral, la Junta de Andalucía anuncia que estarán exentas de impuestos las herencias de menos de 250.000 euros que pasen de padres a hijos o a otros familiares directos. Esa medida entrará en vigor a partir de 2017. ¿Por qué no se aprobó esta medida años atrás? La Presidenta de la Junta, Susana Díaz, manifestaba hace unos días su preocupación por lo que pudiera pasar con la herencia de padres, explotaciones agrarias o empresas familiares. Ese interés electoralista de la Presidenta parece de un cinismo alucinante. La señora Díaz, posible sustituta de Pedro Sánchez en el PSOE, bien sabe que hay otros partidos políticos que llevan años clamando y recogiendo firmas para suprimir el impuesto de sucesiones en Andalucía. Hay que felicitar a nuestros gobernantes por la reforma, pero también afearles que la hayan anunciado muy tarde y en plena campaña, en un momento en el que están necesitados de arañar votos aunque sea a costa de los muertos y sus herederos, buscando medallas y premios por batallas que en realidad las han ganado otros.